¿Una Disolución Necesaria o un Pretexto para Encubrir Irregularidades?
El pasado 27 de febrero de 2025, la Ciudad de Buenos Aires fue testigo de la emisión del Decreto 144/2025, una medida que pone fin al FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, creado en 2014 para impulsar proyectos de seguridad aeroportuaria en todo el país. Sin embargo, tras casi una década de existencia, este fondo se ve envuelto en un torbellino de críticas y cuestionamientos sobre su gestión. ¿Se trata de una necesaria reorganización del aparato estatal o simplemente de un pretexto para tapar las irregularidades detectadas en su funcionamiento?
Contexto y Antecedentes FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
El FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA nació bajo el Decreto N° 1334/14, con el objetivo de financiar el desarrollo de proyectos orientados a la seguridad en aeropuertos. La fuente de ingresos principal provenía de la Tasa de Seguridad, instaurada por el Decreto N° 163/98 y regulada por la Ley N° 13.041. Esta tasa, históricamente, se destinaba a financiar mejoras y proyectos en infraestructura aeroportuaria, canalizando un 50 % de lo recaudado a obras y sistemas que reforzaran la seguridad.
Sin embargo, conforme avanzaban los años, la administración del fondo no estuvo exenta de controversias. Diversas auditorías, especialmente la realizada por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), pusieron en evidencia irregularidades en los procesos de compras, contrataciones y en la ejecución de proyectos. Las acusaciones iban desde la adquisición de equipos que parecían no estar relacionados con el objeto del fondo hasta la duplicidad en la programación de contrataciones, lo que generó un ambiente de incertidumbre y desconfianza en torno al manejo de estos recursos.
Motivos de la Disolución
El Decreto 144/2025, que disuelve el fondo, se sustenta en diversas normativas, especialmente en lo dispuesto por la Ley N° 27.742 y los Decretos N° 695/24 y 215/24, que facultan al Poder Ejecutivo para modificar, transformar, unificar o disolver fondos fiduciarios públicos. El argumento principal radica en la existencia de irregularidades que, según el informe de la SIGEN, afectan directamente la transparencia y la correcta administración del Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria. Entre los señalamientos se destacan:
- Contrataciones dudosas: Se verificó la compra de 140 computadoras portátiles, 9 equipos “SPLIT” y 592 neumáticos para vehículos oficiales de la ANAC, elementos que no guardan coherencia con el objetivo del fondo.
- Duplicidad en proyectos: Existía una superposición entre las contrataciones proyectadas en el Plan Anual de Contrataciones de la ANAC y aquellas canalizadas a través del fondo.
- Inversiones atípicas: La suscripción de cuotas partes en el Fondo Común de Inversión Pellegrini por plazos inferiores a los 90 días estipulados, lo que contradice lo establecido en el contrato de fideicomiso.
Ante estos hechos, la medida de disolución se presenta como un intento de corregir el rumbo y restablecer la credibilidad en la política pública de seguridad aeroportuaria.
Irregularidades y Auditoría: Una Mirada Crítica
La auditoría realizada por la SIGEN no dejó lugar a dudas: los procesos de selección, supervisión y ejecución de contratos presentaban fallas estructurales. ¿Pero cómo es posible que, en pleno siglo XXI, un fondo destinado a una función tan crítica como la seguridad en los aeropuertos, se vea envuelto en contrataciones inverosímiles? El hecho de que se hayan adquirido bienes y servicios ajenos al objeto del fideicomiso evidencia un descuido inaceptable en la administración de recursos públicos.
Esta situación se agrava al considerar que, en lugar de fortalecer la infraestructura y la seguridad en los aeropuertos, se han realizado inversiones que no aportan valor a la política pública. La ausencia de informes de gestión que evalúen el impacto real de las acciones emprendidas solo refuerza la sospecha de un manejo arbitrario y poco transparente.
Impacto en la Política Pública de Seguridad Aeroportuaria
Aunque el fondo se disuelve, es crucial resaltar que la finalidad de promover la seguridad en los aeródromos permanecerá vigente como política pública. El decreto establece que el 100 % de la recaudación derivada de la Tasa de Seguridad se destinará a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC). De este monto, el 50 % deberá ser aplicado específicamente a la realización de obras o a la implementación de sistemas y tecnologías que fortalezcan la infraestructura en materia de seguridad aeroportuaria.
Este nuevo criterio de distribución podría verse como una oportunidad para modernizar y mejorar la gestión de los recursos destinados a la seguridad, siempre que se garantice una correcta ejecución y transparencia en la administración de los mismos. No obstante, la experiencia previa deja entrever la necesidad de establecer mecanismos de control más rigurosos que eviten que se repitan las irregularidades del pasado.
El Futuro de la Tasa de Seguridad
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la redefinición del destino de la Tasa de Seguridad. Históricamente, este tributo ha sido una fuente de financiamiento crucial para proyectos de seguridad aeroportuaria. Con la disolución del fondo, se reconfigura la distribución de estos recursos: ahora, el 100 % de la tasa se destinará a la ANAC, que deberá asegurar que la mitad de lo recaudado se invierta en mejoras concretas para la infraestructura de seguridad.
Esta medida genera un debate fundamental: ¿Será suficiente este reordenamiento para garantizar que los recursos sean aplicados de manera efectiva y sin desvíos? La respuesta no es inmediata. La centralización de la administración en la ANAC podría acarrear riesgos, sobre todo si no se implementan controles estrictos y transparentes que aseguren el uso adecuado de los fondos.
Responsabilidad y Rendición de Cuentas
El decreto no solo ordena la disolución del fondo, sino que también reafirma la necesidad de que las obligaciones del fiduciario continúen vigentes para coordinar la liquidación y la producción de informes. Esta medida, que incluye la rendición de cuentas ante la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del Congreso, busca garantizar la supervisión de todo el proceso de liquidación y evitar que las irregularidades queden impunes.
La exigencia de transparencia y la rendición de cuentas son elementos críticos en cualquier proceso de reestructuración de fondos públicos. Solo a través de un seguimiento riguroso se podrá recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y asegurar que los recursos destinados a la seguridad aeroportuaria se apliquen de manera eficiente y justa.
Las Controversias Detrás de la Disolución del Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria
El 27 de febrero de 2025, Buenos Aires fue escenario de una medida significativa: la emisión del decreto 144/2025. Este decreto marca el final del fondo de infraestructura de seguridad aeroportuaria, establecido en 2014 con el objetivo de desarrollar proyectos de seguridad en todo el país. A casi una década de su creación, el fondo ha sido objeto de intensas críticas.
Causas de la Disolución
Las razones detrás de esta disolución han generado un amplio debate. Algunos argumentan que se trata de una necesaria reorganización del aparato estatal. Sin embargo, otros sostienen que es un pretexto para ocultar las irregularidades que han surgido en su gestión. La falta de transparencia en la administración de los recursos y las denuncias sobre mal uso de los fondos han alimentado estas acusaciones.
Implicaciones para el Futuro
La disolución del fondo no solo representa el fin de un proyecto de seguridad aeroportuaria, sino que también plantea preguntas sobre la dirección futura de la política de seguridad en el sector. ¿Cómo se garantizará la seguridad aeroportuaria en el país sin este fondo? Esta situación exige una revisión exhaustiva de los mecanismos de control y supervisión para evitar que irregularidades similares se repitan en el futuro.
Conclusión: ¿Solución o Más Problemas?
El Decreto 144/2025, al disolver el FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, pretende poner fin a un sistema plagado de irregularidades y reorientar los recursos hacia una administración más directa a través de la ANAC. Sin embargo, la medida también abre una serie de interrogantes sobre el futuro de la política pública en materia de seguridad aeroportuaria. ¿Podrá la centralización de la gestión en un solo organismo evitar los errores del pasado o se convertirá en otro mecanismo para perpetuar prácticas arbitrarias y opacas?
La respuesta parece depender de la capacidad del Estado para implementar mecanismos de control efectivos y de la voluntad política para sancionar las irregularidades detectadas. Mientras tanto, la disolución del fondo se erige como un claro llamado a la reflexión: es necesario cuestionar, de manera constante y con rigor, los procesos de administración de los recursos públicos, especialmente en áreas tan sensibles como la seguridad de la infraestructura aeroportuaria.
El panorama que se presenta es ambiguo. Por un lado, la medida podría significar un avance hacia una mayor eficiencia y transparencia en el uso de los tributos. Por otro, existe el riesgo de que, sin una vigilancia adecuada, se produzcan nuevos desvíos de recursos que terminen afectando la calidad y la seguridad de los aeropuertos. La experiencia pasada y las denuncias de irregularidades exigen que el proceso de liquidación se realice con extrema cautela, garantizando la rendición de cuentas en cada paso del camino.
En definitiva, la disolución del fondo es un reflejo de la complejidad inherente a la gestión de recursos públicos y de la necesidad imperiosa de que las políticas estatales sean sometidas a un escrutinio riguroso. La transformación de la Tasa de Seguridad en un instrumento más directo de financiación para la ANAC representa, en teoría, una mejora, pero su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del organismo para evitar los errores que han manchado la historia del fondo.
La controversia que rodea esta medida invita a adoptar un enfoque cuestionador y dubitativo, fundamental en el ejercicio del periodismo crítico. Solo con una supervisión transparente y la participación activa de la ciudadanía se podrá asegurar que la política pública de seguridad aeroportuaria cumpla con su propósito original: proteger a los usuarios y garantizar un desarrollo integral y seguro de los aeródromos nacionales.
Off Topic es un autor que aborda temas de libertad individual y acción ciudadana en la web Libertad en Acción. Sus escritos ofrecen una perspectiva reflexiva y crítica sobre diversos temas de actualidad, fomentando el debate y la conciencia social.